Examen cada diez años, contraproducente, ineficaz, improductivo e injusto

Artículo de opinión a propósito de una noticia aparecida recientemente en algunos medios acerca de la posibilidad de que a los profesores se les reexamine cada diez años sobre los conocimientos de su especialidad.

Por Milenko Bernardic, profesor de Matemáticas, miembro de la candidatura de SPES-MurciaMilenko Bernadic

Si se aplica esta medida, los profesores se preocuparían en primer lugar en dedicar horas para superar la prueba, y por ende no para trabajar mejor, que es lo que supuestamente se pretende.

No trabajarían mejor, porque no emplearían su energía para progresar en su profesión, sino en superar unos exámenes con el fin de asegurar su sustento.

Los funcionarios públicos en España, antes de acceder al ejercicio de su profesión, deben superar unas pruebas exigentes que en algunos casos pueden en su aplicación suponer altas dosis de crueldad, aunque sean ecuánimes para con todos en su aplicación: los juristas dejan años de estudio exclusivo para poder ser jueces, los candidatos a bomberos deben ser atletas y con altas capacidades en diversos campos, otras tantas exigencias son aplicables a inspectores, policías, profesores, etc.

Los políticos en cambio, no tienen que superar prueba alguna; basta que sean conocidos o de confianza de tal o cual. Si no tienen conocimientos o formación para algún cargo, tendrán asesores en el número que haga falta.

Los profesores, por lo tanto, como otros funcionarios, tienen ya acreditada de sobra su capacidad para ejercer su cargo. Para comprobar su competencia, deben ser suficientes mecanismos ordinarios de control, ya existentes: la dirección de los centros y la inspección.

El sistema debe ser lo suficientemente serio para detectar irresponsabilidad en el trabajo de  los funcionarios, y al mismo tiempo justo para que estos puedan progresar en su labor. No es justo si se les quita tiempo para tal cometido.

El objetivo, pues, no es la mejora educativa, sino la reducción de retribuciones, “justificada” por un porcentaje siempre fácilmente determinado de antemano, en función de la cantidad de profesores que se quiera dejar debajo de un nivel señalado, diseñado específicamente para tal propósito.

Esta medida que se pretende imponer a los profesores es, sin embargo, compartida, desgraciadamente, de una manera u otra, por todas las profesiones, siempre con el mismo objetivo: la reducción de los “costes laborales”. Los resultados están a la vista de todos: reducción de ingresos, mayor inestabilidad laboral, aumento de desigualdad social, precariedad laboral y en consecuencia de tensiones en hogares; todo lo cual repercute muy negativamente en el ámbito educativo, ya que nuestros alumnos proceden de esta misma sociedad.

De una sociedad de las tarjetas opacas y corrupciones indecibles en los ayuntamientos y otras instituciones sin que estas fueran gobernadas precisamente por los funcionarios. Una sociedad en la que los que la gobiernan despilfarran ingentes cantidades de medios (dinero) en una infraestructura, por ejemplo, impagable por generaciones, destinada por el contrario para ser usada tan solamente por una exigua minoría de personas. Sin ir más lejos, cada kilómetro de la vía de alta velocidad cuesta 18 millones de euros de promedio. No hay reducción salarial posible para compensar tal pérdida, que para nada puede ser calificada como inversión. Derroche irresponsable puro y duro. La medida en cuestión, pues, es inservible. Para algo bueno, claro.

Y, desde la perspectiva meramente educativa, si esta se pudiera desglosar del ámbito general, totalmente absurda, tal y como lo apuntamos al principio.

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