Evaluación del profesorado: dejemos de asombrar al mundo

Fuente: laverdad.es (7/12/2014)

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Por Luis Martínez Conesa (*)

Verdaderamente hay debates en España que asombran al mundo. Cuestionamos nuestros logros económicos recientes y nuestro sistema político, asombrando a economistas (J.Weidmann) e historiadores (S.Payne).

Si no queremos que éste sea el caso de nuestro debate de hoy, no deberíamos discutir si debe haber evaluación de los docentes y, en caso afirmativo, si debe ser “externa” a los centros. Debatir si debe evaluarse al profesorado es insólito simplemente porque, nos guste o no, ya se hace: alumnos, familias, administraciones, y también profesores, se autoevalúan y se evalúan permanentemente los unos a los otros. Pero lo hacen, normalmente, basándose cada cual en sus propias percepciones, sesgadas por intereses, expectativas, experiencias pasadas, etc., y generando malentendidos, agravios y conflictos. La cuestión no es, pues, si debe evaluarse al profesorado, sino cómo hacer una evaluación objetiva, capaz de corregir esas diversas evaluaciones “subjetivas”, incluida la propia “autoevaluación” de los profesores, tan sesgada como la de cualquier otro grupo de interés. Igualmente insólito es debatir si esta evaluación debe ser “externa” al profesorado y a los centros. ¿Cómo si no? ¿Se imaginan una evaluación “interna” de los alumnos para fijar sus calificaciones? No, claro: a los alumnos los evalúan los profesores, según su esfuerzo y sus resultados…Y a los políticos, los electores; y a las empresas, los consumidores; y a los empleados, sus empleadores…

Dejemos de asombrar al mundo y debatamos cómo garantizar la objetividad de una evaluación externa capaz de proporcionar una “radiografía” de los diversos niveles de competencia profesional de los docentes, asumiendo dos premisas básicas que una parte del profesorado y de sus representantes sindicales, anclados en el gremialismo y en paradigmas educativos obsoletos, parece reacia a admitir:

(1) Que el factor-clave del que depende la mejora de la calidad de un sistema educativo es la mejora de la calidad de su profesorado. No será el único, ni actuará independientemente de los factores en los que se viene amparando el gremialismo (entornos socioculturales adversos, escasez de medios, etc.). Pero es el que puede neutralizar, compensar o potenciar la influencia de esos otros factores, mientras que éstos, aunque incidan en los resultados, difícilmente pueden mejorar o empeorar la calidad de una determinada práctica docente. Pues toda verdadera práctica docente es una conducta racional, capaz de adaptarse a las circunstancias determinadas por aquellos otros factores, lo que la convierte en el factor controlable y mejorable por excelencia. Lo sabemos todos: los mismos alumnos, en el mismo entorno, con los mismos medios, en las mismas ratios, aprenden más con unos profesores que con otros, mientras que alumnos diversos recurrentemente mejoran o empeoran cuando “pasan” por los mismos profesores. Nadie puede negarlo: incluso en las peores condiciones, hay profesores “buenos” y “malos” o, si se prefiere, buenas y malas prácticas docentes, que pueden ser perfectamente identificadas, no sólo a través de pruebas objetivas periódicas, sino, sobre todo, por sus resultados.

(2) Que una evaluación externa objetiva de los niveles de competencia profesional de los docentes es condición necesaria de su mejora, de acuerdo con la máxima de que lo que no se conoce no se puede mejorar. El gremialismo, que cultiva descaradamente la opacidad mientras exige transparencia a los demás, parapetado en la idea de que evaluar a sus profesionales es cuestionar su profesionalidad, no sólo vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer el nivel de calidad de los servicios públicos en los que se gastan sus impuestos y de los que, como en el caso de la enseñanza, depende el futuro de sus hijos y de la nación: en nuestro caso, vulnera también ¡el derecho de los propios docentes a la evaluación objetiva externa como un instrumento al servicio de su desarrollo profesional! Flaco servicio hacen a los docentes quienes les hacen temer la evaluación como una “trampa” de la Administración para ponerlos en evidencia ante una opinión pública supuestamente ávida de encontrar “chivos expiatorios”. Si hemos basado nuestra práctica docente en la idea de que la evaluación no es la finalidad del aprendizaje, sino sólo un medio para mejorarlo, de que no se aprende para ser evaluado, sino que se evalúa para aprender más y mejor; si valoramos positivamente el “error” como un momento en la adquisición del conocimiento, restando estrés y añadiendo seguridad, autoestima y confianza en nuestros alumnos, ¿por qué no valoramos la utilidad de la evaluación del profesorado por su capacidad para discriminar entre las “buenas prácticas”, como modelos en los que profundizar, y las “malas prácticas” como “momentos” de la adquisición de la competencia profesional?

Dejemos de asombrar al mundo. Un profesorado seguro de su capacidad para mejorar, orgulloso de su profesionalidad y confiado en su vocación de servicio público no sólo no teme, sino que exige ser sometido a una evaluación externa, objetiva y transparente.

(*) Profesor de Enseñanza Secundaria, actualmente en comisión de servicio en el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia.

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